para luchar contra la corrupción
Un nuevo estudio de CAF evidencia que los países con mayores niveles de digitalización registran menores riesgos de corrupción, y propone soluciones para que los gobiernos incorporen tecnologías basadas en datos dentro de sus políticas de integridad. Adicionalmente, señala los retos institucionales en torno a la adopción de tecnologías digitales para combatir las estructuras criminales.
CAF -banco de desarrollo de América Latina- publicó el informe “DIGIntegridad: La transformación digital de la lucha contra la corrupción”, que evidencia las grandes ventajas de la digitalización para el desarrollo y el suministro de servicios de gobierno, pero también alerta de los riesgos que implican la aparición de nuevas redes de corrupción que operan en el ciberespacio. Ante esta realidad, el documento propone la adopción de herramientas digitales para prevenir, detectar e investigar los fenómenos de corrupción
El informe destaca que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad de las redes criminales deben integrarse en las agendas de desarrollo que buscan reducir las desigualdades y la pobreza, así como reactivar la economía tras la crisis provocada por la pandemia. Cabe resaltar que la corrupción le podría estar costando al planeta, según varias estimaciones, entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, con efectos negativos tanto para la economía de mercado como para la democracia y sus principios fundamentales.
Desde hace una década, los gobiernos y otros actores del ecosistema digital han comenzado a documentar experiencias sobre el potencial y el impacto de la digitalización para promover la transparencia, abrir los datos gubernamentales al escrutinio público y automatizar los procesos burocráticos. El informe de CAF contribuye al estado del arte que vincula los conceptos digitalización e integridad, y es una guía integral para que los gobiernos adopten mecanismos de lucha contra la corrupción con un enfoque de innovación digital.
El informe se divide en seis capítulos en los que se abordan los siguientes puntos:
- El acceso a la información pública y condiciones técnicas e institucionales para que los Gobiernos incorporen a sus políticas de integridad tecnologías apalancadas en datos.
- Se explora la evidencia estadística sobre la relación entre digitalización de los Gobiernos y reducción en los riesgos de corrupción.
- Se destaca cómo las infraestructuras de datos generan un ecosistema con el potencial para reutilizar diferentes conjuntos de datos aplicando con éxito la ciencia de datos y la inteligencia artificial en la prevención de la corrupción.
- Documenta cómo usos del blockchain pueden reducir riesgos de corrupción en procesos como contratación pública, entregas condicionadas de efectivo y el abastecimiento de las vacunas contra el coronavirus
- Desarrolla los principales riesgos tecnológicos que deben considerar los Gobiernos y se defiende la garantía de la integridad en el uso de la tecnología. El informe advierte de los vacíos legales e institucionales en torno a la adopción de tecnologías digitales como el uso indebido de datos personales, la suplantación de la identidad digital o la sofisticación de las redes criminales para el lavado de dinero a través, por ejemplo, del uso de criptoactivos.
Finalmente, integra recomendaciones de política pública para todos los actores interesados en adoptar tecnologías digitales dentro de las políticas de integridad pública y lucha contra la corrupción, a través de dos ángulos: el primero, ajustes institucionales para fortalecer la
